portal RH

Fuertes críticas planteó ayer la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la sentencia del Séptimo Juzgado, tribunal que ante una polémica entre trabajadores de una empresa de retail y su empleador, señaló que es posible disminuir las remuneraciones a la baja si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha experimentado variaciones negativas.

De hecho, la secretaria de Estado fue categórica en señalar que “el piso de una negociación colectiva es cero, no menos cero”.

En esta misma línea, Serrano se alineó con lo señalado a Diario Financiero por la Directora del Trabajo, Patricia Silva, respecto de que el objetivo de la negociación colectiva es “mejorar las condiciones de los trabajadores, no desmejorarlas”.

Dichos planteamientos fueron realizados por la titular del Trabajo, tras reunirse con representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Silva para evaluar el primer mes de funcionamiento de la nueva justicia laboral en la Región Metropolitana.

Por su parte, Silva insistió en que “efectivamente este es un fallo particular y que determina que a raíz de una interpretación de una claúsula contractual se le puede aplicar un IPC negativo, por lo tanto, baja el monto de la remuneración de los trabajadores contrariando una doctrina administrativa”.

La directora del Trabajo agregó que “la esencia de la negociación colectiva es mejorar las condiciones laborales, por lo tanto, es impensable interpretar la norma de manera que se vean afectadas negativamente los trabajadores en el marco de un acuerdo o desacuerdo con su empleador”.

CUT responde al fallo

Por su parte, Víctor Ulloa, encargado de formación sindical de la CUT también criticó la decisión de la Justicia, afirmando que “nos preocupa enormemente este fallo”. A su juicio, “o hay ignorancia o hay mala fe (...) por lo que vamos a solicitar una reunión al ministro Urbano Marín (presidente de la Corte Suprema) a fin de representarle una conducta permanente contraria a los trabajadores”.

Defensoría Laboral

En otra arista, Serrano informó que en los próximos días ingresará al Congreso Nacional el proyecto de ley de Defensor Laboral.

“Lo que hoy es un programa, se transformará en una institucionalidad, que tendrá vigencia para todo el país creando una instancia especializada, con profesionales especializados al interior de las corporaciones de asistencia judicial”, dijo.

Serrano puntualizó que la iniciativa corresponderá a “un servicio público descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente que otorgará la totalidad de las prestaciones en la mayor cantidad de centros urbanos en todo el país”.

Evaluación de la nueva justicia

Una positiva evaluación realizó ayer la ministra del Trabajo, Claudia Serrano de la puesta en marcha de la nueva Justicia Laboral, que el 31 de agosto cumplió la implementación de su cuarta etapa en la Región Metropolitana.

A juicio de la secretaria de Estado esta reforma “no instala un clima de beligerancia, sino al contrario contribuye a la paz social, dando cause a una oportunidad de diálogo y de mediación”.

A nivel de cifras, el ministerio del Trabajo entregó datos al 10 de octubre que revelan que en las once regiones donde ya opera la nueva justicia -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV y Metropolitana los juicios que han seguido el procedimiento monitorio se elevan a 4.760. En tanto, los litigios entre trabajadores y empleadores que han seguido el procedimiento ordinario suman 4.462, mientras los juicios de tutela de derechos fundamentales ascienden a 352. Finalmente, las regiones de mayor conflictividad han sido la de Valparaíso y Metropolitana.